El Juzgado de Guardia de Madrid ha incoado, admitiendo a trámite la querella del COEM, una investigación penal contra dicha persona, ante la concurrencia de indicios de haberse cometido un delito contra la salud pública (venta directa del producto sanitario a medida al paciente, prescindiendo de las garantías que ofrece el odontólogo en la clínica dental) y otro de intrusismo (hasta donde el COEM ha sido conocedor, la persona investigada carece del título de Odontólogo). 

A pesar de que el producto se vende por Internet, el Juez de Madrid ha enviado la causa a una ciudad del levante español, por ser la residencia del investigado. Tras estas actuaciones el sujeto ha cesado en su actividad. 

El COEM quiere insistir en que resulta indispensable acudir a una clínica dental, con odontólogos colegiados, para realizar cualquier tipo de tratamiento, pues solo de esta manera, el paciente contará con todas las garantías de seguridad, evitando posibles riesgos para su salud. A esta razón de peso, se unen otros factores como la tipología y morfología de los dientes y las encías, así como el estado de estos y la posible existencia de patología previa en la boca del paciente, pues son diferentes en cada individuo y condicionan la prescripción de tratamientos concretos y una utilización u otra de dichos tratamientos y productos.